18/10/2011

El CERMI elabora una guía informativa sobre las obras y actuaciones de accesibilidad en comunidades

 

Según se expone en la guía, el dotar de accesibilidad universal a los edificios de comunidades de propietarios constituye “una necesidad básica que conecta con derechos humanos fundamentales, tales como la libertad de desplazamiento o de comunicación o el de disfrutar de una vivienda digna”. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Válida sin barreras.

La asesoría Jurídica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha elaborado la ‘Guía Informativa: obras y actuaciones de accesibilidad en comunidades de propietarios – Régimen Legal’, con el objetivo de indicar, desde el punto de vista normativo, los derechos de las personas con discapacidad para garantizar la accesibilidad en sus viviendas.

En este sentido, la Guía explica que las personas beneficiarias del derecho que regula la accesibilidad son las personas propietarias de la vivienda si viven en ella, trabajan, prestan servicios altruistas o voluntarios, personas con discapacidad o personas mayores de 70 años. Asimismo, afecta a las comunidades y mancomunidades sujetas a la Ley de Propiedad Horizontal, a la mayor parte de los inmuebles dedicados a vivienda habitual.

En cuanto a las obras e instalaciones de accesibilidad sin necesidad de acuerdo, señala que la accesibilidad “es una obligación de las comunidades de propietarios por medio de las obras o reformas que resulten necesarias”. En este sentido, indica que las obras necesarias para el uso de los elementos comunes o las instalaciones o dispositivos que favorezcan la comunicación exterior, cuyo importe no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, se realizarán cuando una persona propietaria lo solicite.

Según establece la guía, los gastos de esas obras los cubrirán todos los vecinos del inmueble, salvo las unidades familiares que tengan ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el IPREM. En este caso, resulta aplicable, excepto cuando la unidad familiar pudiera tener acceso a subvenciones y ayudas que impidan el coste anual repercutido de las obras o instalaciones supere el 33% de sus ingresos anuales.

Por otra parte, en relación a las obras e instalaciones de accesibilidad que necesitan el acuerdo de la comunidad de propietarios, la guía expone que, cuando las obras que sean necesarias de accesibilidad al inmueble excedan el importe de doce mensualidades de gastos ordinarios y el acuerdo para su realización se haya adoptado válidamente, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos que origine la obra o instalación.

Así, advierte que “estos acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación, así como que se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta debidamente citados y que, informados del acuerdo, no comuniquen su discrepancia en el plazo de 30 días naturales”.

En cuanto a las actuaciones por incumplimiento, la persona titular del derecho puede exigir su cumplimiento ante los Tribunales de Justicia frente a una posible actitud incumplidora por parte de la comunidad de propietarios; al mismo tiempo que, la propia comunidad puede reclamar frente a los propietarios que no respeten los acuerdos adoptados o las obligaciones que la propia Ley establece para la comunidad en su conjunto.

Por último, la guía también hace referencia a las obras e instalaciones de accesibilidad que pueden realizar las personas con discapacidad, asumiendo el coste que suponen. En este sentido, según la Ley de Límites al Dominio sobre Inmuebles para eliminar Barreras Arquitectónicas a las Personas con Discapacidad, el titular del derecho comunicará al presidente de la comunidad de propietarios o mancomunidad la necesidad de ejecutar obras de adecuación para la eliminación de barreras por razón de su discapacidad o edad.

Esta Ley también establece que se acompañará a esa comunicación, la calificación del grado de discapacidad o DNI para acreditar la edad, el proyecto técnico de la obra por realizar detallado, y la acreditación de empadronamiento municipal.

El receptor de la comunicación, continúa, en el plazo máximo de 60 días, comunicará al solicitante: su consentimiento, oposición razonada o podrá plantear soluciones alternativas a las propuestas por el solicitante, el cual podrá transmitir su conformidad o disconformidad, en ese sentido.

Si esa comunicación fuera de oposición o las medidas alternativas propuestas no fueran aceptadas por el solicitante, la guía advierte que la vía que debería seguirse es la interposición de demanda en los Tribunales de Justicia, en el orden civil.

Por tanto, en este caso, se plantea que “los gastos que originen las obras o instalaciones correrán a cargo de la persona solicitante de la misma”.

Esta guía informativa también hace referencia a las dos normas reguladoras vigentes de esta materia, que son: la Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; y la Ley de Límites del Dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

Asimismo, facilita los formularios escritos que deben cumplimentar las personas que soliciten la realización de las obras o instalaciones de accesibilidad en la comunidad de propietarios.

La Guía Informativa: obras y actuaciones de accesibilidad en comunidades de propietarios - Régimen Legal, elaborada por el CERMI, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Válida sin barreras, se encuentra disponible, en formato accesible, en la página web del CERMI, www.cermi.es.